Desde el Programa de Extensión “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata rechazamos el proyecto de reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que contempla bajar la edad de punibilidad de los niños, niñas y adolescentes a la edad de 15 años por, entre otras, las siguientes razones:

  1. En inconvencional: no surgen del proyecto instancias de participación que garanticen el derecho de niñas, niños y jóvenes a ser oídos y que sus opiniones hayan sido especialmente consideradas.
  2. Es inconstitucional: Viola los principios de progresividad, no regresividad, mínima intervención y ultima ratio, que prohíben disminuir la instancias de protección de derechos reconocidas por el estado, a la vez que señalan la inconveniencia del contacto temprano con la ley penal por su manifiesta incapacidad para transformar positivamente las trayectorias de vida de los jóvenes expuestos al delito.
  3. Incumple la recomendación del Comité Internacional de los Derechos del Niño: que exhortó a la República Argentina a no sancionar leyes que reduzcan la edad de responsabilidad penal.
  4. Es irrazonable: Las estadísticas disponibles demuestran que el número de delitos cometidos por niños de menos de 16 años es insignificante, razón por la cual la reforma no impactará en los indicadores de inseguridad.
  5. Es necesario dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales: las leyes de promoción y protección integral de los derechos de la niñez no han podido modificar positivamente las condiciones en que viven cientos de miles de niños y sus familias por carecer de instituciones, herramientas y recursos que brinden igualdad de oportunidades, lejos de la exclusión y la violencia.

 

Por ello, el Programa de “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas” se pronuncia:

  1. En contra de cualquier proyecto que implique bajar la edad de punibilidad de los niños, niñas y jóvenes.
  2. A favor de un nuevo sistema penal juvenil compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

A favor de fortalecer e implementar de manera definitiva el sistema de promoción y protección integral de derechos de los niños, niñas y jóvenes con recursos presupuestarios suficientes para dar cumplimiento con los principios, derechos y garantías previstos en la ley 26.061.