Aprobado por Resolución Nº 92 del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, este Proyecto de Extensión Universitaria estará dirigido por el Abog. Gustavo Mammoni y destinado a estudiantes y graduados de nuestra Unidad Académica, así como también a funcionarios y agentes del Estado nacional, provincial y municipal involucrados en las políticas fiscales y financieras.

Objetivos:

Entre los objetivos generales se encuentra el de ofrecer a estudiantes y graduados la posibilidad de conocer en profundidad el estado de los fenómenos de estudio, a través de la realización de investigaciones específicas y el monitoreo permanente de la situación financiera y tributaria.

También ejercer el rol de Defensor del contribuyente, y actuar ante los estrados de la justicia, en sede administrativa o ante los entes que tengan competencia financiera o tributaria.

Otro de los objetivos es brindar la posibilidad de analizar el sistema jurídico-tributario vigente, efectuando recomendaciones, dictámenes, opiniones y proyectos tendientes a su modificiación, sea en la esfera legal o reglamentaria.

En su caso, podrá actuar en calidad de amicus curiae frente a tribunales nacionales o extranjeros.

A través del OFIS, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realizará un aporte concreto a la comunidad, permitiendo la defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes, sobre todo de aquellos que cuentan con escasos recursos.

Un aporte adicional será la divulgación de los derechos de los contribuyentes, que por un lado permitirá su efectivo ejercicio por parte de ellos, y por el otro, tendrá en miras fortalecer las instituciones por medio del control a que serán sometidas con motivo de las actividades a desarrollar por la OFIS.

Finalmente, la OFIS tendrá como objetivo realizar todas las acciones necesarias para que no se traspase la delgada línea entre el poder de gravar y el de destruir.

Ejes de trabajo y coordinadores:

1.- Área Jurisprudencia
Coordinador: Benjamín Dufourc

2.- Área Capacitación
Coordinador: Juan Emilio Candina

3.- Área Consultas, Informes y Dictámenes
Coordinador: Hernán Ariel Colli

4.- Área Investigación y Publicaciones
Coordinador: Leonardo Andrés Behm

Justificación de la propuesta:

“The power to tax involves the power to destroy” (el poder de gravar con tributos conlleva el poder de destruir)
Chief Justice John Marshall, “McCulloch v. Maryland”, Supreme Court of the United States (6 de Marzo de 1819).

Las finanzas públicas en general, y el derecho financiero y tributario en particular, han tenido un particular desarrollo en el siglo pasado, continuando en el presente.

La evolución operada obedece, por un lado, a los distintos cambios suscitados a nivel mundial (entre ellos, en la tecnología, la economía, la sociedad, la comunicación, la información, etc.), y por el otro, a la creciente necesidad de recursos del Estado moderno (ya sea Federal, Estadual o Municipal), debido al creciente aumento del gasto público.

En Argentina, el porcentaje del gasto público consolidado respecto del PBI, durante el período 1980-2000, estuvo en una media del 28,7 %, pero actualmente se ubica alrededor del 42 %, lo cual evidencia el problema y su real magnitud.

Lo expuesto en último término, ha llevado a los Estados a crear novedosas detracciones de riqueza del patrimonio de los particulares, no siempre debidamente justificadas, así como también, al incremento de los tributos existentes.

Es por ello que el mayor tamaño del Estado (y el incremento excesivo del gasto público) ha impulsado a niveles récord la presión tributaria en el país. En efecto, el gasto público se ha financiado –básicamente-- con mayor presión fiscal.

La presión tributaria es impulsada –asimismo-- por impuestos que presentan una alta dosis de distorsión sobre la economía, y su significativo aumento demuestra que el objetivo de suficiencia (recaudar recursos para el financiamiento del gobierno) es el único buscado en el esquema tributario de Argentina en los últimos años, postergando los objetivos de eficiencia y equidad.

Una mención aparte merece el sistema vigente de coparticipación federal de impuestos (Ley 23.548), que además de no adecuarse a la Constitución Nacional (en sus artículos 75 inciso 2º y Disposición Transitoria 6ª), constituye una compleja red de trasferencias sin criterios objetivos de reparto, lo cual queda evidenciado al decir que la Provincia de Tierra del Fuego recibió por cada ciudadano, durante el año 2012, la suma $14.959, mientras que la provincia de Buenos Aires obtuvo –para el mismo año-- ingresos siete veces menores por ciudadano ($2.103).

Frente a esta situación, resulta de fundamental importancia señalar que el contribuyente (de los tres niveles de gobierno) no cuenta con un organismo o ente estatal que lo asesore y/o defienda en sus derechos, a diferencia de lo que sucede en otros países (España, Italia, Estados Unidos de América, etc.), donde se ha creado el Defensor del Contribuyente.

Es fácil observar que existe una delgada línea entre el poder de gravar mediante tributos y el poder de destruir a través de ellos, como lo expresó el Juez Marshall hace casi doscientos años, razón por la cual debe efectuarse un escrupuloso seguimiento de las políticas tributarias y financieras.

Lo expuesto evidencia la necesidad de crear un Observatorio Fiscal (OFIS), a los efectos de analizar la presión fiscal, la estructura tributaria (nacional, provincial y municipal), el sistema de coparticipación, la conformación y crecimiento del gasto público, así como implementar el instituto del Defensor del contribuyente, entre otras objetivos que se detallan a continuación.

Días y horarios de reunión: viernes de 16 a 18 hs.

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.